Uno de los fenómenos surgidos a raíz de los procesos de globalización y que afecta a la economía, la política y seguridad nacionales e internacionales y a la sociedad en general es el narcotráfico, industria que ha aumentado considerablemente en Colombia a partir de los años setenta.
En el presente artículo se tratará de esbozar brevemente el rol jugado por algunas elites, políticas, guerrilleras y paramilitares en relación con las organizaciones narcotraficantes por la vía de alianzas coyunturales. La relación de estos grupos selectos con el narcotráfico confirma una tesis ampliamente difundida según la cual la industria de las drogas ilegales ha penetrado la totalidad de la sociedad colombiana.
En Colombia, el narcotráfico ha logrado insertarse de forma relativamente exitosa en las esferas política y económica. En el primer caso, gracias a la formación de redes de apoyo social, militar y político que le han permitido funcionalizar las estructuras jurídico- políticas de acuerdo a sus necesidades; y en el segundo, gracias a una especial adaptación de las políticas de crecimiento orientado a la exportación, que hacen del narcotráfico una empresa perfilada a la demanda y la internacionalización, con una división del trabajo muy estricta entre diferentes localizaciones, capaz de ajustarse a las dinámicas de la economía global.
El narcotráfico ha tenido grandes efectos en la configuración reciente del conflicto armado colombiano, es muy importante determinar hasta qué punto es acertada la postura según la cual este (el narcotráfico) es la fuerza motriz de aquel (el conflicto), de forma tal, que la lucha contra la droga y el narcotráfico deviene en sí misma una condición necesaria y suficiente para la resolución de dicho conflicto. El interés por avanzar en esta perspectiva viene dado por el actual enfoque de las políticas de seguridad colombiana y norteamericana que tienen como premisa fundamental la idea de que el narcotráfico constituye el factor central a combatir con miras al logro de la paz en Colombia, enfoque que se ha basado en dos prospectos particulares, por un lado la confrontación de la guerrilla (FARC-ELN) bajo la etiqueta del narcoterrorismo, por otra parte, la asimilación y convalidación legal del paramilitarismo dentro del narcotráfico.
Lo que dichas políticas evidencian, es que el narcotráfico dentro del conflicto armado, se encuentra patente en la fusión de las distintas políticas que sean tomadas, supone serios problemas no solo para el entendimiento de la situación colombiana, sino para su camino hacia una paz sostenible y sustentable. De ahí que se requiera una estrategia de seguridad efectiva que debilite las opciones militares de los grupos armados, pero también, un programa de desarrollo social y económico de amplio alcance que perjudique su argumentación ideológica y, por ende, ayude a generar un contexto en el que se pueda poner fin al conflicto. Con lo anterior no se desconoce que las posibilidades de poner fin al conflicto en Colombia aumentarían considerablemente si se diera solución el problema de la droga, solución que no se reduce a un control de la oferta, como lo aducen las actuales políticas antinarcóticos sino que debe enfocarse también a la demanda creciente de drogas en los grandes centros de consumo en Estados Unidos y Europa.Por otro lado, los obstáculos presentados en el actual proceso con las AUC, deben servir de experiencia para futuras desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar en claro que el narcotráfico, como los crímenes atroces, no son materia de negociación, si es que se quiere lograr un proceso apegado a los principios del Estado de derecho. En segundo lugar, que debe darse un debate que aclare las condiciones bajo las cuales un grupo armado ilegal puede llegar a ser considerado con estatus político, de tal forma que, ni se desconozcan las reivindicaciones políticas e ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la formalización del paramilitarismo como actividad política.
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